En 2004 y según los datos del INE, había en activo en España 4.451 jueces y magistrados, de los que el 44,80% eran mujeres. Sin embargo, el 64,13% ocupa el escalón más bajo, el de jueces.

En los máximos órganos del Estado democrático, la presencia de la mujer es escasa. Los primeros magistrados del Tribunal Constitucional, el intérprete supremo de la Constitución con jurisdicción en todo el territorio del Estado, fueron nombrados en 1980. Entre los doce miembros de que se compone, sólo había una mujer, Gloria Begué. Al cesar en su cargo, en 1989, la sustituyó María Emilia Casas Bahamonde que se convirtió en su primera presidenta en el año 2004. En 2001 Elisa Pérez Vera pasó a ser la tercera mujer en el alto órgano judicial en sus veinte años de existencia.

Sede del Tribunal Constitucional

En el primer mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 1980-1985, no hubo ninguna mujer. Cuando se constituyó el segundo Consejo (1985-90) fue nombrada Cristina Alberdi. Del tercero, en 1990, ya formarán parte tres mujeres: María Teresa Fernández de la Vega, Margarita Mariscal de Gante y Soledad Mestre. En 1999 eran cinco: Manuela Carmena, Ángeles Huet, Esther Jiménez Salinas i Colomer, Margarita Retuerto y Elisa Veiga Nicole. En 2001 Monserrat Comas de Argemir Cendra y María Ángeles García García. El Pleno del Consejo 9 de febrero de 2005 aprobó por unanimidad la constitución de una Comisión para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la judicatura, recogiéndose en la Ley de Igualdad sus competencias y exigiéndose que la misma en su composición respete el principio de presencia equilibrada. En 2007, sólo el 10% de sus miembros eran mujeres.

En cuanto al Tribunal Supremo, existente desde 1812 con carácter de última instancia y reformado desde la Constitución de 1978, el número de magistradas va aumentado. Sin embargo, no representan más que el 8% de los magistrados, a pesar de que ellas conforman el 45,86% en la carrera judicial en el 2009.

El Consejo Fiscal, órgano del Ministerio Fiscal que asiste en sus funciones al Fiscal General del Estado, está integrado por 11 miembros, entre los que las mujeres representan un 17% mujeres frente al 83% de los hombres.

El cargo de Defensor del Pueblo sólo ha sido ocupado, hasta el 2009, por una mujer, Margarita Rituerto, y lo fue de manera interina durante un año, en 1993.

En el Tribunal de Cuentas, órgano del Estado responsable de la función fiscalizadora de sus cuentas y de su gestión económica, sólo han sido nombradas dos mujeres: Milagros García Crespo, que llegó a ocupar la Presidencia en 1994 y Ana María Pérez Tórtola, consejera desde 2001.

En el Consejo de Estado, órgano de carácter consultivo del Gobierno, de sus 37 miembros, sólo 6 son mujeres. El Consejo Económico y Social (CES), en el que participan los agentes económicos y sociales, consta de 61 miembros, 7 de ellos mujeres.

En las Autonomías se constituyeron Tribunales Superiores de Justicia. De los 17 existentes, sólo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está ocupada por una mujer. El porcentaje de magistradas en estos Tribunales es del 27,9%. Por otra parte, respecto a las Audiencias Provinciales, el porcentaje de magistradas en las Audiencias es del 28,9% y en la presidencia un 10% de presencia femenina.